El Juzgado Federal de Pehuajó emitió un fallo a mediados de noviembre que obliga al Estado nacional a reactivar las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), suspendidas desde diciembre por decisión del gobierno de Javier Milei. La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos de 37 barrios populares de todo el país. Aquí en Concordia, la justicia provincial, habilitó el desalojo de unas 18 hectáreas del barrio Pampa Soler donde habitan más de 200 familias, muchas de ellas desde hace más de 10 años, que representan un tercio de las familias protegidas por la ley de barrios populares en esa zona del noreste de la ciudad y que ahora se ven bajo amenaza de quedar despojadas.
Mientras el Juzgado Federal de Pehuajó exigió al Estado nacional reactivar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para retomar obras esenciales en barrios populares, una medida judicial en Concordia genera alarma. El juez Gabriel Belén fijó el 16 de diciembre como fecha para desalojar a más de 200 familias del Barrio Pampa Soler, en contraposición a lo establecido por la Ley Nacional 27.453, que protege a estos asentamientos.
El fallo del Juzgado Federal de Pehuajó, resultado de una acción de amparo liderada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos, obliga al gobierno nacional a presentar un plan en tres meses para reactivar las políticas de integración socio urbana. Estas obras, financiadas por el FISU, quedaron paralizadas en diciembre, afectando a más de 850.000 familias que dependen del acceso a agua potable, electricidad, redes cloacales y mejoras habitacionales.
Además, la sentencia exige al Congreso garantizar financiamiento en el próximo presupuesto y designa al CELS como representante de los barrios populares registrados en el ReNaBaP. Esta medida es vital ante el agravamiento de las condiciones de vida en un contexto donde el 47% de la población no tiene cloacas, el 7% carece de agua potable y millones no están conectados a la red de gas.
En contraposición, en Concordia, el juez Gabriel Belén habilitó el desalojo de unas 18 hectáreas del Barrio Pampa Soler, donde habitan más de 200 familias. La medida, solicitada por el abogado Enrique Oscar Bacigaluppe en representación del supuesto propietario, contradice lo estipulado en la Ley 27.453, que suspende desalojos en barrios populares por 10 años a partir de octubre de 2022.
La Ley 27.453 fue aprobada en 2018 con apoyo multipartidario y actualizada en 2022. Establece que los barrios registrados en el ReNaBaP son de utilidad pública y sujetos a expropiación, suspendiendo desalojos como parte de su objetivo de integración socio urbana. La ley prevé la compensación para los titulares de las tierras, equilibrando el interés general con el derecho a la propiedad privada.
En casos similares, como el del barrio San Pantaleón en Entre Ríos, la justicia priorizó el interés colectivo y la dignidad de las personas, reconociendo que la propiedad privada no es un derecho absoluto.
En contraste, el juez Belén, tras un fallo inicial contrario al desalojo, revirtió su decisión bajo presión de la Cámara de Apelaciones, sin fundamentar jurídicamente la medida. Aunque el desalojo estaba previsto para el 6 de noviembre, un error administrativo retrasó la ejecución hasta el 16 de diciembre.
De concretarse este desalojo masivo en Concordia -posible aunque improbable- fijaría un precedente alarmante en una ciudad con 56 barrios protegidos por la Ley 27.453.
Fuente El Sol